La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y los Tratados Internacionales de los que México es parte, describen el conjunto de derechos de la niñez y adolescencia, así como, todas las obligaciones del Estado Mexicano y los Gobiernos para garantizarlos.
Este importante cambio, implica que los gobiernos, en todas las decisiones y actuaciones deben velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez, garantizando así de manera plena sus derechos, incluyendo las decisiones de gasto público y presupuestales.
En el 2012, se creó el Anexo Transversal 18. Recursos para la atención de derechos de niñas, niños y adolescentes, que es una clasificación dentro del presupuesto federal donde se observan todos los servicios y programas que se dirigen a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Hace unos meses, publicamos el Informe Nacional sobre la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes, en este, indicamos que, el marco legislativo y políticas nacionales son insuficientes para proteger a la niñez y adolescencia. Y entre los temas que más preocupa es que el presupuesto público destinado a la niñez y adolescencia sólo tiene un avance del 25%, esto quiere decir que el presupuesto no es progresivo ni suficiente para erradicar la violencia y explotación contra la niñez y adolescencia.
Así, tenemos que la asignación presupuestal para la niñez en México no es congruente con las problemáticas y diferentes situaciones de vulnerabilidad que enfrentan niñas, niños y adolescentes como el trabajo infantil, la violencia en sus hogares, sexual y en centros educativos, la movilidad-migración, la falta de acceso a la educación indígena e inserción educativa, así como la ausencia de servicios de salud mental de niñas, niños y adolescentes.
A todas estas problemáticas debemos agregar las consecuencias derivadas de la pandemia ocasionada por la COVID-19:
● Las medidas de distanciamiento social tuvieron un impacto en los servicios de atención a la violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, puesto que no operaron en toda su capacidad, lo cual implicó un reto en la implementación de los servicios de acceso a justicia, denuncia y la restitución de derechos, comprometiendo y a su vez, la fiabilidad de los datos sobre los delitos contra las niñas, niños y adolescentes y mujeres que vieron violencia al interior de sus hogares.
● Deserción educativa y trabajo infantil en sus peores formas fueron otras problemáticas que se vieron agudizadas tras la pandemia y la crisis económica. De 33 millones de personas entre los 3 y 29 años inscritos en el ciclo escolar 2019, sólo el 62% concluyó su programa escolar (INEGI, 2020). En el Presupuesto 2021, se eliminaron dos programas altamente necesarios para garantizar el acceso educativo de las poblaciones indígenas y migrantes.
● La salud mental de niñas, niños y adolescentes, es un tema que se quedó rezagado en un período que priorizó la salud física, de acuerdo con la Encuesta de Nacional de Salud (ENSANUT) durante 2020, mil 150 niñas, niños o adolescentes en México decidieron suicidarse, es decir, un promedio de tres casos por día, casi el triple que los registrados por COVID-19, que ascendieron a 392 casos durante el mismo periodo.
A 3 años de pandemia México no cuenta con programas específicos para atender y priorizar la salud mental a partir de servicios suficientes y especializados, ni tampoco para hacerle frente a la inserción educativa de niñas, niños y adolescentes que dejaron de estudiar por causas de la educación a distancia, medida temporal para evitar la propagación de contagios.
El incremento de la violencia contra niñas, niños y adolescentes no se ve reflejado en el ejercicio presupuestal, del año 2022, ya que, de lo destinado a niñas, niños y adolescentes, sólo el 1% corresponde al dominio de protección. Este dominio clasifica los programas dirigidos a niñas, niños y adolescentes en su derecho a la identidad, una vida libre de violencias, a la atención y procesos de la niñez migrante, así como la prevención del trabajo infantil y la atención a violencias contra ellas y ellos.
De acuerdo a la Ley Federal de Ingresos y Responsabilidad Hacendaria, el día 8 de septiembre de 2022 la Secretaria de Hacienda y Crédito Público deberá entregar el paquete de Presupuesto Federal 2023 para revisión, discusión y aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados, en este paquete de discusión presupuestal se encuentra el dinero destinado a programas y servicios para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
World Vision México, cada año, revisa el presupuesto, brinda recomendaciones, propone a Diputadas y Diputados recomendaciones de mejora y acerca información a la ciudadanía para que pueda actuar y alzar la voz a favor de niñas, niños y adolescentes.
La iniciativa “Niñez Sin Austeridad”, es un llamado a los tres niveles de gobierno para la inversión, suficiente, progresiva y transparente de recursos públicos destinados a mejorar la calidad de vida de la niñez y adolescencia, priorizando los programas que atienden a niñas niños y adolescentes víctimas de violencia, en situación de movilidad, trabajo infantil y explotación, a fin de garantizar condiciones dignas de trabajo para adolescentes, inserción educativa y salud mental.
Este llamado se extiende a la sociedad, como parte de nuestra participación ciudadana en el cuidado del dinero público, sobre todo del que se invierte en la niñez y adolescencia.
Te invitamos a que nos puedas ayudar a firmar la petición. Una inversión destinada a programas dirigidos a niñas, niños y adolescentes es clave para garantizar su desarrollo integral y el derecho a vivir una vida libre de violencia, lo cual se ve reflejado no sólo en el presente, sino en el futuro próximo en un México sostenible y pacífico, Invertir ahora; nos ahorrará y retribuirá mucho.