México es el segundo país de América Latina y el Caribe con mayor prevalencia de trabajo infantil

(CEPAL, 2019). 2.0 millones de niñas, niños y adolescentes realizan actividades no permitidas y 1.1 millones se encuentran en ocupaciones peligrosas. mientras que, 1.2 millones de personas de entre 5 a 17 años, realizan trabajos domésticos en condiciones no adecuadas, más de la mitad pertenece a niñas y adolescentes (ENTI, 2019).  

La crisis económica ocasionada por la pandemia, coloca a niñas, niños y adolescentes en riesgo de deserción escolar, trabajo infantil y el reclutamiento forzado por grupos armados en un contexto de pobreza o dificultades económicas, sumando a esta lista, las prácticas patriarcales que exponen a las niñas y adolescentes a casos de uniones tempranas o trabajos domésticos por largas horas.    

La Consulta Nacional Nuestra Voz en la Pandemia, “el regreso a clases presenciales y la violencia contra niñas, niños y adolescentes” de World Vision México, que recabo la participación de más de 70,000 niñas, niños y adolescentes, señala que, 49.63% de niñas, niños y adolescentes considera que la violencia (principalmente física y sexual), desaparición, secuestro, explotación y muerte son los principales peligros que viven las niñas, niños y adolescentes de su comunidad que tienen que trabajar o acompañar a sus madres y padres a sus trabajos. El 38.76% de niñas, niños y adolescentes indica acciones como, escuelas accesibles, mejorar la educación y becas como propuestas para que todas las niñas, niños y adolescentes no tengan que trabajar, mientras que el 38.22% considera que, es necesario, acciones de solución a temas estructurales, como la pobreza y mejorar la economía del país. 

Desde el año 2012, en el presupuesto federal, se creó el Anexo 18. Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes, el cual clasifica una serie de programas que atienden problemáticas específicas para que ellas y ellos vivan todos sus derechos. A pesar de la creación del Anexo Transversal 18, la asignación presupuestal, no es equivalente ni suficiente ante las problemáticas y las diferentes situaciones de vulnerabilidad a la que se enfrentan niñas, niños y adolescentes, principalmente, quienes se encuentran en situación de trabajo infantil y quienes han dejado de estudiar y que se encuentran en riesgo de insertarse en actividades peligrosas que ponen en riesgo su vida.  

La deserción educativa y el trabajo infantil en sus peores formas, son problemáticas agudizadas tras la pandemia y la crisis económica, se encuentran ligadas al aumento del desempleo que trastocó la vida de las familias mexicanas, en consecuencia, se observa que de 33 millones de personas entre los 3 y 29 años inscritos en el ciclo escolar 2019, sólo el 62% concluyó su programa escolar; el 53.7% de los niños y adolescentes que abandonaron la escuela, lo hicieron para llevar ingresos económicos al interior de sus familias, en tanto que el 46.3% de niñas y adolescentes cambiaron su papel de estudiantes para realizar labores del hogar(INEGI, 2020) esta nueva configuración de los hogares mexicanos implica la participación directa de sus integrantes menores de edad en actividades que no son apropiadas para ellas y ellos. 

Adicional a lo anterior, en el análisis histórico del presupuesto, es fundamental mencionar que:  

• En el presupuesto 2020, el programa que atendía de manera específica a la población jornalera agrícola migrante fue eliminado del presupuesto.  Actualmente no hay un programa específico que atienda a niñas, niños y adolescentes de familias jornaleras agrícolas migrantes, para el acceso a la alimentación, la salud y la educación.  
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• Las medidas de medidas de austeridad emitidas en el año 2020, las cuales, estipulaban que no se ejercería el 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales y suministros, aplicable para toda la administración pública, con trato excepcional la Secretaría de Salud, la Guardia Nacional, y las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional. Tuvieron un fuerte impacto en los programas y servicios que atienden a la niñez en situación de trabajo infantil en un 100% para la inspección laboral, sobre todo en la inspección en el sector rural y agroindustrial. 
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• En el Presupuesto 2021 se eliminaron dos programas para garantizar el acceso educativo de las poblaciones indígenas y migrantes, a ello se suma la desaparición de las escuelas de tiempo completo, lo que complicó la vida de madres y padres que encontraban en dicho espacio una alternativa para mantenerse en su jornada laboral, además de que las niñas, niños y adolescentes estaban en un lugar seguro con alimentos incluidos, muchas de las veces, el único alimento que recibían. 
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• Desde el 2016 al 2020, el presupuesto dirigido a la atención de la problemática de trabajo infantil ha ido disminuyendo hasta un 96% menos.  
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Los gobiernos han favorecido los programas de subsidios, es decir las transferencias directas a la población, como becas, los cuales son importantes, sin embargo, es fundamental establecer programas con estrategias integrales que atiendan las problemáticas de raíz, sobre todo, frente al contexto actual.  

En estos momentos se está discutiendo el Proyecto de Egresos del Presupuesto Federal 2023 en la Cámara de Diputados y Diputadas, por ello, hemos participado en los espacios de discusión en la Cámara y en los próximos días daremos a conocer nuestro Informe “Peso por Peso; la inversión de México en la Niñez y Adolescencia” en un análisis detallado sobre el presupuesto destinado a la niñez y adolescencia en México, sobre todo quienes se encuentran en situación de trabajo infantil, víctimas de todo tipo de violencia y explotación, así como la población migrante.  

#NiñezSinAusteridad, es un llamado a los tres niveles de gobierno para la inversión, suficiente, progresiva y transparente de recursos públicos destinados a mejorar la calidad de vida de la niñez y adolescencia. Participa firmando la petición: https://ninezlibredeviolencia.org/ninez-sin-austeridad-2023/